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  • claraperez457

Las 49 leyes



Así las cosas, el 30 de mayo de 2001 Chávez regresó de una amplia gira por el oriente. En Moscú se declaró aliado estratégico de Rusia y firmó un acuerdo de cooperación técnico-militar que puede convertir a Venezuela en puente para el comercio armamentista de los nuevos burgueses rusos en América Latina. En Volgogrado se confesó admirador de Lenin por su "inolvidable contribución a los principios de la justicia social". En Teherán se mostró identificado con la revolución fundamentalista de los iraníes y visitó la tumba del ayatola Khomeini para rendirle "devoto homenaje". En Pekín confirmó su alianza estratégica "vital" con China y manifestó que era maoísta desde su época de cadete. Completamente de espaldas a la realidad económica, social y política que en esos momentos se cocinaba en Venezuela, millones de militantes anticapitalistas se dejaban subyugar por el espíritu de su otro "Maisanta" que Chávez sacó a pasear por aquella parte del mundo.


El 13 de noviembre de 2001, haciendo uso de la segunda "Ley habilitante" aun en vigor, Chávez aprobó por decreto 49 leyes que fueron promulgadas el 10 de diciembre, entre las cuales hay algunas que afectan seriamente los intereses del "stablishment" económico subsistente, sobre el cual se erigió la partidocracia de "adecos" y "copeyanos" tras la caída del régimen dictatorial de Pérez Jiménez en 1958. Uno de esos decretos del actual paquete de medidas es la "Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola", que pretende poner fin a la concentración de la propiedad territorial, donde el 10% de los propietarios es dueño del 70% de la tierra cultivable, lo cual hace que Venezuela tenga que importar alimentos. Se trata de una reforma agraria al estilo de Napoleón Bonaparte o Lázaro o Cárdenas, que deja intangible la propiedad privada de la tierra pero pretende, según dice la propia norma, "distribuir la riqueza eliminando el latifundio como sistema contrario a la paz social en el campo"(15). Esta medida no sólo ha encolerizado a los terratenientes. La banca advierte que la amenaza de expropiación ha provocado que pocos agricultores quieran atarse a un nuevo crédito, y dado que, según esta ley, los fundos dejan de ser garantía para las instituciones bancarias, se crea una incertidumbre en la actual cartera crediticia, imposibilitando otorgar nuevos créditos sin respaldo concreto.


Otra es la "Ley de Hidrocarburos", cuya principal disposición establece que la extracción del crudo debe ser competencia del Estado, al menos en un 51%, al tiempo que otorga a PDVSA una participación del 30% como regalía sobre los crudos extraídos en cualquier yacimiento. Anteriormente ese impuesto era del 16,7%. Estas medidas desestimulan la inversión de los capitales internacionales ociosos en esta industria, algo incompatible con la tendencia mundial dominante a la privatización de las empresas del Estado. En este sentido, se objeta que los planes de Pdvsa exigen una masa significativa de inversión -aproximadamente U$S 2.000 millones- para poner en funcionamiento nuevos yacimientos en la enorme bolsa de crudos pesados que se estima subyace en la faja del Orinoco, y que toda tardanza para ponerlos en funcionamiento por falta de capital -hoy disponible en manos privadas- resta ingresos al Estado y retrasa el desarrollo económico del país.


La "Ley de Pesca" está también entre las decisiones del Ejecutivo que más rechazo ha levantado. El objetivo, según especifica el decreto, es potenciar la pesca artesanal frente a la pesca industrial, especialmente la de arrastre, que "agota los recursos" y pone en peligro las especies. "De mantenerse este ritmo de explotación, el país va a perder gran parte de este patrimonio de recursos que también pertenecen a los venezolanos por nacer", argumenta el texto legal. La normativa ordena que se reserven las seis millas próximas a la costa y los recursos de los ríos para la pesca artesanal, y que se establezcan sanciones, limitaciones y licencias más caras para la pesca masiva. El presidente del gremio patronal que agrupa al 95% de la flota pesquera industrial, Guido Solari, denunció que esta ley "afecta drásticamente a la pesca de arrastre, impide las faenas y redundará en la pérdida de 15 mil puestos directos de trabajo"


El gobierno de Chávez promulgó este paquete de leyes en el peor momento económico de su mandato.


A fines de 2000 la actividad económica entró en declive para caer abruptamente a partir de agosto-setiembre de 2001. A fines de 2001 el crecimiento del PIB fue negativo en cuatro puntos, contra un 2,7 previsto por el gobierno para ese año. Esta depresión respondió al descenso de un 21,65% en los precios del petróleo que, de U$S 25,91 en 2000, bajaron a U$S 20,30 por barril en 2001, con lo que el superávit de la balanza comercial descendió de 13.111 millones de dólares en 2000, a 4.395 millones al cierre de 2001, y la balanza de pagos registró al cierre del 2001 un déficit de 2.434 millones de dólares, contra el superávit de 5.818 millones en el 2000, según datos del BCV. Como lógico resultado, las reservas internacionales del país bajaron 21,65%, de U$S 15.685 millones a 12.289 millones en el mismo período. Este desaceleramiento de la actividad económica se tradujo naturalmente en un aumento significativo del paro que, de poco más del 10% en 1999, paso al 15% en febrero de 2000.


Ante semejante situación, por razones de estabilidad de los sectores externo y fiscal, el BCV debería haber revisado su política cambiaria pasando a dejar flotar libremente el bolívar, dado que la desfavorable posición de reservas internacionales combinada con una sobrevaluación artificial del bolívar en alrededor del 30%, era un coctel de consecuencias financieras y sociales explosivas. Sin embargo, Chávez se negó a devaluar calificando de "nefasta" la opción de abandonar el sistema de bandas cambiarias introducido en 1997 como un arma contra la inflación. Y el BCV, que respaldó la postura presidencial, insistió en la "sustentabilidad" del sistema de bandas, pese a que gran parte de los países latinoamericanos ha optado por sistemas de libre flotación y otros, como Ecuador, se decidieron por la dolarización de sus economías.


A raíz de la promulgación de este paquete de las 49 leyes en momentos de dificultades económicas tan graves, el gobierno de Chávez hubo de enfrentar una ofensiva patronal liderada por Fedecámarás, que, con el apoyo de la burocracia sindical adscrita al partido Acción Democrática, tuvo capacidad para sumar, además del descontento de la pequeño burguesía, el de buena parte de los asalariados. Al exitoso "paro cívico" del 10 de diciembre, el 23 de enero le siguió una multitudinaria marcha pacífica contra la ley de tierras que igualó y, por momentos, superó, a una manifestación oficialista simultánea encabezada por 20.000 campesinos. El 7 de febrero, el coronel en activo de la Aviación, Pedro Soto, pidió públicamente la renuncia de Chávez. Tras él, una serie de militares, también con mando de tropa, se unieron a la exigencia de Soto protagonizando una rebelión "desarmada" que, en un principio pareció extenderse a todo el ejército, pero se desinfló a fines de ese mes.


En el ínterin, tras haber amenazado un mes antes con nacionalizar la banca, el 14 de febrero el "revolucionario" presidente Hugo Chávez "respondió" a la ofensiva patronal decidiéndose finalmente por decretar la libre flotación del bolívar en el más puro estilo neoliberal, reemplazando al sistema de bandas imperante desde 1997, con lo que el dólar se disparó en 24 horas de 803 a 1,099 bolívares por unidad, sellando así una devaluación del 26,9 por ciento. Este bandazo indujo previsiones inflacionarias y la posibilidad real de que en el mediano plazo el país desemboque en una estangflación o depresión económica con alta inflación. Esta liberación abrupta de la moneda, se enmarcó en un doble plan de estabilización con recortes fiscales destinados a reducir de cuatro a dos por ciento el déficit fiscal, para paliar los desajustes causados en el presupuesto por el descenso de los precios del petróleo y relanzar las exportaciones, todo ello inspirado en la directivas del FMI a las que el gobierno siguió sometido (16) . "Esto es el neoliberalismo salvaje", sentenció el economista venezolano Orlando Ochoa, al tiempo que su colega, Miguel Rodríguez, proponía "integrar al presidente Chávez en el club de los monetaristas". Ante este viraje de 180 grados operado nuevamente en Venezuela, el FMI dio su bendición al gobierno bolivariano de la V república: "Las medidas van en buena dirección" indicó su portavoz, Thomas Dawson. Por su parte, el presidente de la muy privada "Asociación Bancaria", Ignacio Salvatierra, declaró que la medida supone "un retorno a los mecanismos tradicionales":


Paralelamente, el 25 de febrero Chávez designó discrecionalmente a un nuevo presidente y a cinco miembros de la junta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), lo que provocó la insurrección de los ejecutivos destituidos y más de 3.000 seguidores entre los empleados de la estatal petrolera, quienes decidieron no reconocer a la junta directiva designada por el Gobierno, basándose en la potestad que le confieren los estatutos de la empresa y la legislación vigente, en virtud de que los nuevos directivos fueron nombrados por criterios puramente políticos al margen de sus méritos profesionales. El 4 de marzo, los trabajadores petroleros solidarizados con sus directivos plantearon un ultimátum al gobierno para que destituya la junta nombrada por él. Un día antes, siempre en la línea política del FMI, Chávez anunció que durante todo el año 2002 no habría aumento de sueldos para nadie.


El 6 de marzo Acción Democrática y COPEI, junto a la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV) se hicieron directamente visibles en alianza con los grandes medios noticiosos, los directivos de la cámara de comercio (Fedecámaras) y los popes de la iglesia católica, para formular un programa nebuloso ("Bases para un Acuerdo Democrático") con el fin de reemplazar a Chávez. El nuevo acuerdo declaró que el Estado debe respetar la "autonomía" de las instituciones económicas y civiles (en clara referencia a PDVSA), la prensa corporativa y la iglesia católica.


Madrid, junio de 2002


Fuente: Nodo 50

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