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  • claraperez457

Los empresarios de Venezuela paralizan el país en la huelga contra las leyes de Chávez



Venezuela quedó ayer prácticamente paralizada por un paro de empresarios contra la política de izquierda aplicada por el presidente, Hugo Chávez, y la promulgación de 49 decretos-ley que amplían sustancialmente las prerrogativas del Estado sobre la propiedad privada y la economía de mercado. La Federación de Cámaras de Venezuela (Fedecámaras), organizadora de la protesta, calcula que fue secundada por el 90 % del país. La producción de crudo continuó en una jornada que concluyó con choques aislados entre grupos gubernamentales y la policía metropolitana de Caracas.


El principal sindicato de la patronal, cuyas empresas emplean a cerca del 80% de los diez millones de trabajadores venezolanos, según sus propios datos, advirtió días atrás de que no descarta la desobediencia civil, u otras medidas de presión, si el Ejecutivo desatiende sus reclamaciones. "Esperamos que, a partir de mañana, podamos trabajar la agenda de la rectificación", declaró el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, durante la evaluación de la huelga, desarrollada de las seis de la mañana a las seis de la tarde y sin incidentes graves. La dirección empresarial, reunida en la sede de la capital, alzó las manos en señal de victoria.


Paralelamente al cierre de grandes almacenes, comercios, bancos y escuelas, el 100% de las privadas y el 80% de las públicas, según los organizadores, la mayoría de los 24 millones de venezolanos permaneció en sus casas. Numerosos automovilistas aparcaron sus vehículos en los arcenes de las principales avenidas, y pitaron contra el Gobierno. "¡Fuera Chávez!", gritaban. "El paro ha sido un éxito. El presidente tiene que respetarnos". Vecinos asomados a los balcones y ventanas de edificios de Caracas y otras ciudades hacían sonar cacerolas, y otros reproducían, a todo volumen, los ruidos de cacerolas grabados en discos compactos y puestos a la venta en tenderetes con gran éxito. "¡Fuera, fuera el loco!".


La estatal industria petrolera del cuarto suministrador del crudo del mundo siguió bombeando con normalidad, según fuentes oficiales, y funcionaron el Metro y los autobuses públicos aunque con menor afluencia de pasajeros. La actividad de los aeropuertos, bajo mínimos, registró interrupciones de vueltos nacionales por falta de pasajeros. Las principales rutas y autopistas de Caracas, normalmente atestadas de vehículos los lunes, quedaron expeditas al tráfico. "Nosotros somos trabajadores bolivarianos", subrayaban algunos de los dueños de las tabernas, tiendas, o puestos ambulantes contrarios a la huelga. "No estamos con los ricos".


Las principales cadenas de televisión siguieron emitiendo aunque con incidencia en los aspectos a favor o en contra del paro, en función del carácter público y privado de la propiedad de los medios.


La mayor protesta



El principal sindicato laboral, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), enfrentado al sindicalismo oficial, se sumó a la huelga, y de vísperas amenazó con convocar otra de carácter indefinido. Se trata de la mayor protesta contra Chávez, desde que fuera investido en febrero de 1999 tras su triunfo en las elecciones del 6 de diciembre del año anterior. Aquella victoria, y otras sucesivas, le permitieron modificar, a favor de su proyecto revolucionario, los tres poderes del Estado, crear dos nuevos, y controlar la Asamblea Nacional (Congreso).


Los empresarios exigen una revisión conceptual de la deriva observada en el Ejecutivo, y la anulación de los 49 decretos-ley divulgados el 13 de noviembre por el presidente, en virtud de una ley que le autoriza a evitar el debate parlamentario para acelerar los cambios pretendidos. Uno de ellos, dijeron portavoces de la administración, supone impartir la justicia distributiva en una nación donde el 1% de la población es dueña del 60% de la tierra cultivable.


Las leyes de Tierras, Zonas Costeras y Pesca, concretamente, violentan el derecho a la propiedad privada, y el derecho a elegir la actividad económica de preferencia de los ciudadanos, según establece un informe privado de Fedecámaras. "Se declaran de utilidad pública muchas actividades y territorios que permitirían al Estado la confiscación de la propiedad privada", señalan sus juristas. "Se encontraron normas confusas que generan incertidumbre y de un contenido ideológico estatizante, de planificación central e izquierdista". La extensión de los territorios susceptibles de ser expropiados equivale a la de Bélgica.


Según el informe, La Ley de Hidrocarburos desalienta la inversión, agregan, al aumentar la tributación de las empresas extranjeras hasta el 30%, y reservar al Estado el 51% de las sociedades mixtas. "La creciente intervención, centralización, estatización y totalitarismo, atrasa y retrotrae a nuestro país a modelos de desarrollo muy superados en todo el mundo".


Fuente: El País

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