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  • claraperez457

Nuevas reglas federales pudieran llevar a la pobreza a muchos solicitantes de asilo



Abogados y defensores de los indocumentados batallan para lograr que los solicitantes de asilo en el sur de la Florida para pidan el permiso de trabajo antes que que las nuevas restricciones federales entren en vigor el 21 de agosto.


Las nuevas normas de permiso de trabajo dirigidas a los solicitantes de asilo pronto llevarán a la pobreza a una población ya vulnerable, dicen los defensores.


Los cambios radicales, que restringen y retrasan el permiso de trabajo a algunos solicitantes de asilo en Estados Unidos, entran en vigor el 21 y 25 de agosto. Expertos dicen que las nuevas restricciones son parte del impulso de la administración del presidente Donald Trump para reducir las protecciones de asilo a un grupo vulnerable de personas, incluidos niños y miembros de la comunidad LGBTQ, que generalmente son sobrevivientes de la violencia doméstica y el tráfico de personas, así como víctimas de delitos violentos, abuso infantil y violaciones de derechos humanos en sus países de origen.


Cuando faltan menos de dos semanas para esas fechas, los defensores de los indocumentados se apresuran a presionar a los solicitantes de asilo elegibles para que pidan la autorización de empleo.


“Estamos haciendo un esfuerzo grande por tratar de llegar a la gente”, dijo Randy McGrorty, abogado de inmigración de Miami y director ejecutivo de Servicios Legales Católicos, una organización sin fines adscrita a la Arquidiócesis de Miami que ayuda a los indocumentados a solicitar asilo. “No pueden esperar más, es una emergencia”.


Entre los mayores cambios en las nuevas reglas:


▪ En virtud de la legislación vigente, los solicitantes de asilo pueden solicitar un permiso de trabajo, independientemente de cuando presenten su solicitud de asilo. Sin embargo, a partir del 25 de agosto, cualquier persona que presente una solicitud de asilo un año después de entrar al país no podrá solicitar permiso de trabajo a menos que el gobierno determine que es un caso extraordinario.


▪ Se negará el permiso de trabajo a cualquier solicitante de asilo que haya sido declarado culpable de ciertos delitos o “se crea” que haya cometido un delito grave no político fuera de Estados Unidos.


▪ Se negará el permiso de trabajo a cualquier solicitante de asilo si el gobierno alega que hay “retrasos causados por el solicitante”, como una solicitud de modificación o complemento de la solicitud de asilo o si la solicitud se transfiere a una oficina de asilo diferente debido a un cambio en la dirección del solicitante.


▪ A partir del 21 de agosto, el gobierno ya no está obligado a procesar las solicitudes iniciales de permisos de trabajo en un plazo de 30 días. Esto no se aplica a las renovaciones. Cuando el cambio entre en vigor, el procesamiento de la solicitud pudiera tardar un tiempo indeterminado. Los expertos legales dicen que esto significa que es posible que algunos solicitantes de asilo nunca tengan la oportunidad de trabajar porque su solicitud puede retrasarse. Además, la solicitud de asilo podría ser denegada, lo que hace que el migrante no sea elegible para el permiso de trabajo.


▪ Actualmente, si el gobierno niega una solicitud de asilo, los solicitantes pueden trabajar hasta que expire el permiso de trabajo o hasta 60 días después de la denegación. Según las nuevas normas que entran en vigor el 21 de agosto, si la oficina de asilo niega una solicitud, el permiso de trabajo termina automáticamente, a menos que el funcionario de asilo del gobierno remita el caso a un tribunal de inmigración.


▪ A partir del 2 de octubre, el costo de la solicitud de permiso de trabajo aumentará 34%, de $410 a $550. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, a los solicitantes de asilo se les cobrará por solicitar asilo: $50.


“Es acoso, un ataque al sistema de asilo”, dijo McGrorty. “El gobierno no quiere que la gente solicite asilo, así que lo van a dificultar. Por ejemplo: en general, cinco meses sin emitir permisos de trabajo ha sido devastador”, agregó. “Imagínese no poder trabajar durante medio año. La nueva regla aumenta a más de doble ese tiempo”.


Jennifer Anzardo Valdez, directora del Programa Children’s Law Program de Americans for Immigrant Justice, una organización de inmigración sin fines de lucro de la Florida que representa a las comunidades más vulnerables de Miami, integra el equipo jurídico encargado de analizar las nuevas reglas de permiso de trabajo. Ella dice que las “reglas se han establecido para evitar que los solicitantes de asilo no solo no puedan ganarse la vida, sino que no puedan sobrevivir”.


“Muchas de estas personas vienen sin nada, a veces deciden salir de sus hogares durante la noche, y se embarcan en un viaje que lleva mucho tiempo”, dijo Anzardo Valdez. “Para cuando llegan aquí, están traumatizados y no tienen absolutamente nada. Dependen de este permiso de trabajo para poner comer y tener un techo mientras esperan la decisión del tribunal. Para eso es la autorización de trabajo, para dar a la persona la oportunidad de sobrevivir y recuperarse mientras esperan por el asilo”.

Los expertos dicen que hay un concepto erróneo común de que los solicitantes de asilo son elegibles para recibir ayuda del gobierno.


“No son elegibles”, dijo Anzardo Valdez. “De hecho, es todo lo contrario. Estas personas pagan impuestos cuando tienen trabajo y contribuyen a la economía”.


Según datos federales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, en el año fiscal 2019 se presentaron más de 1 millón de solicitudes de permisos de trabajo. El gobierno no desglosa los datos por estado ni distingue cuántas de esas solicitudes fueron presentadas por solicitantes de asilo.


Según la nueva regla publicada en el Federal Register, el Departamento de Seguridad Nacional reconoció las preocupaciones de los defensores de que las nuevas normas podrían conducir o exacerbar problemas como la falta de vivienda, el hambre, problemas de salud mental y la falta de acceso a la atención médica, pero dijo a los solicitantes de asilo que encontraran un refugio para desamparados.


“Los solicitantes de asilo que están preocupados por la falta de vivienda durante el tiempo que esperan por la autorización de empleo deben familiarizarse con los recursos que ofrece el estado donde piensan residir”, expresa el DHS en la regla final publicada en el Federal Register.


“Por eso digo que la ley se ha cambiado de maneras draconiana”, dijo Juan Carlos Gómez, director de la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos de la Universidad Internacional de Florida.


Las nuevas reglas se implementan durante una pandemia global “cuando la gente ya enfrenta la devastación económica”, dijo Gómez. “El gobierno puede tardar años y años en procesar los casos de asilo. Estos cambios pondrán a los solicitantes de asilo en un limbo legal y dejarán a muchos sin opciones de vivienda permanente”.


Fuente: El Nuevo Herald

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