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Se acaba el plazo para comentar nuevas regulaciones de asilo propuestas por el gobierno de Trump



Este viernes finaliza el plazo otorgado por los Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) para hacer comentarios específicos a la recopilación de información sobre las nuevas regulaciones de asilo propuestas en junio, que dificultará a los inmigrantes conseguir la protección del gobierno federal.


La nueva norma modifica una estructura que en 40 años ha sido construida para proteger los derechos humanos de personas que huyen de sus países. El plazo para la recepción total de comentarios finaliza este 14 de agosto.


La actual política se fundamenta en la palabra o testimonio de quienes solicitan este recurso legal disponible. Desde enero de 2017, sin embargo, el gobierno, a golpe de órdenes ejecutivas y memorandos, ha minado este recurso al punto que el pasado 22 de abril, con el argumento de la pandemia del nuevo coronavirus, limitó severamente la entrada de extranjeros que llegan a la frontera en busca de protección.


Cambios radicales


“Esta nueva regla propuesta restringirá radicalmente la capacidad de las personas que huyen de la persecución para obtener asilo en Estados Unidos", ha advertido el profesor Stephen Yale-Loehr, de la práctica de inmigración de la escuela de Derecho de la Universidad de Cornell, Nueva York.


Entre otras medidas, el gobierno de Donald Trump planea:

  • Imponer nuevas barreras al asilo, entre ellos no haber pagado impuestos.

  • Pide elevar la definición de ‘persecución’ para cubrir solo los daños ‘extremos’.

  • Pide redefinir los motivos de asilo tal como membresía a un ‘grupo social particular’.

Abogados temen que esto deje fuera a personas que huyen de la persecución de pandillas o por violencia doméstica.

  • Restringir la capacidad de pedir asilo por motivo de género. Limita a las mujeres que huyen de la esclavitud sexual.


“También revisar las reglas de procedimiento para permitir que los jueces de inmigración denieguen las solicitudes de asilo sin una audiencia si carecen de cierta evidencia”, agregó Yale-Loehr.

“Esto perjudicaría particularmente a los solicitantes sin un abogado (...) Esta regla propuesta es el sueño de quien odia el asilo. Destriparía el sistema de asilo de Estados Unidos y en definitiva muy pocas personas podrían obtenerlo”, indicó.


Ola de rechazos


El mismo día en que el gobierno publicó la nueva norma, 339 organizaciones religiosas y 1,356 líderes religiosos de los cincuenta estados, además del Distrito de Columbia (DC), publicaron una carta abierta a los encargados de formular políticas en todos los niveles “exigiendo el fin de las normas antiinmigrantes implementadas durante la pandemia del covid-19“.


La misiva señala que la crisis de salud pública “está poniendo a prueba nuestra fuerza como sociedad” y en todas las denominaciones religiosas “creemos que todas las personas tienen una dignidad inherente y merecen derechos humanos básicos”.


“Cuando se deja que las personas contraigan covid-19 y mueran en centros de detención, sean deportadas inhumanamente o impedidas de buscar la seguridad del asilo, no estamos honrando esa dignidad o reconociendo su humanidad”, agregan.


A su vez, el American Immigration Council (AIC) dijo que la nueva norma “impondría nuevas y múltiples prohibiciones al asilo, elevaría injustificadamente el listón para los exámenes de asilo en la frontera, reescribiría la ley de asilo actual para eliminar múltiples motivos bajo los cuales las personas reciben asilo actualmente y permitiría a los jueces de inmigración negar efectivamente a las personas su asilo”.


“La regulación propuesta por el gobierno representaría el fin del sistema de asilo tal como lo conocemos”, dijo Beth Werlin, directora ejecutiva del AIC. “Está directamente en conflicto con el estatuto de inmigración, altera años de jurisprudencia y eleva intencionalmente los estándares de asilo a alturas inalcanzables”, indicó.

Jueces en contra


No solo abogados y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes rechazan las nuevas normas de asilo. En julio, una mesa redonda integrada por 46 exjueces y exfiscales de inmigración ( Round Table of Former Immigration Judges) concluyeron que se encuentran “alarmados” por la política que trata de imponer el gobierno por medio de un nuevo reglamento que no contó con la participación del Congreso.


Las nuevas reglas propuestas “son inadmisiblemente arbitrarias y caprichosas”, indicaron. “Intentan superar, en lugar de interpretar, el claro significado de nuestros estatutos de asilo”, apuntó el panel.


“En lugar de interpretar los puntos de vista del Congreso, las reglas propuestas buscan reemplazarlos en apoyo de los puntos de vista fuertemente antiinmigrantes del gobierno al que sirven y buscan hacerlo en un año electoral para beneficio político”, señalaron.

Los exjueces y exfiscales advierten que, cuando fungieron sus cargos, “entendimos que, estuviéramos o no de acuerdo con la intención del Congreso, estábamos obligados a seguir la ley. Y lo mismo debe ocurrir con el Fiscal General, el Secretario de Seguridad Nacional (DHS) y el presidente”.


Otros cambios


No solo la nueva regla publicada en junio afectará la política de asilo. El 8 de julio, el gobierno anunció la publicación de una nueva regla que endurece los requisitos para pedir asilo y otorga mayores poderes al DHS y al DOJ para “considerar emergencias públicas” y determinar si un extranjero constituye “un peligro para la seguridad de Estados Unidos” y por lo tanto no es elegible para el beneficio.


“Esta regla propuesta enmendaría las normas del DHS y DOJ existentes y aclara que ambos Departamentos pueden considerar emergencias públicas basadas en problemas de salud en enfermedades transmisibles debido a posibles amenazas internacionales de propagación de pandemias cuando se determina que “existen motivos razonables”, señala el documento.


En estos casos, los extranjeros no serán elegibles para asilo “o la protección de retención de deportación” estipulado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) aprobada por el Congreso en 1965, agrega.


La norma también indica que el gobierno podrá deportar a solicitantes de asilo de manera acelerada si reciben una negativa durante la entrevista de miedo o temor creíble, el primer paso de un largo proceso que deben enfrentar quienes llegan al país en busca de la protección del gobierno.


Fuente; Univision

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